Ojo, quienes no hayan participado en la primera convocatoria —y obtenido un resultado favorable— no podrán participar en esta nueva etapa. Las reglas son claras, los requisitos atendibles, los instrumentos de consulta asequibles, el tiempo propicio.
Garantizar la objetividad y transparencia del proceso ha sido un duro esfuerzo que aún perdura; la búsqueda de mecanismos que garanticen que nadie, absolutamente nadie, posea la batería de preguntas antes de la fecha del examen, ha sido una constante, fruto de un esfuerzo colectivo que involucra a diversas instancias, multitud de participantes, diferentes órdenes de autoridad y distintas instituciones académicas.
El Poder Judicial, como tal, se ha mantenido al margen; el INFORAJ (nuestra escuela judicial) es el pivote, el eje que vincula y articula esta compleja labor, cuya ejecución ha congregado esta pléyade de actores.
Esta primera etapa debe cerrar con la elección de cinco jueces y los correspondientes equipos de trabajo; por lo menos, tres secretarios, dos actuarios y un defensor, además del personal administrativo; de estos, lo cuatro tipos de servidores públicos aludidos en primer lugar, deberán ser designados merced al procedimiento que recién arranca hoy. Para el 2023, este número se incrementará a 12 juzgadores con sus respectivos equipos, es decir, siete jueces más; y en 2024, debemos alcanzar el número final, 28.
Si los cálculos se han realizado de manera correcta —piénsese que es un experimento completamente novedoso en la Entidad— y si las partes involucradas no cometemos yerros —me refiero a los centros de conciliación dependientes del Poder Ejecutivo y los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial—, no será necesario realizar mayores ajustes, por lo menos de número.
El éxito de la reforma descansa en la efectiva coordinación entre ambos poderes; en que los centros de conciliación logren conciliar el mayor número posible de asuntos; en que en el seno del Poder Judicial se continúe esta labor, mediante nuestros propios recursos; y que los asuntos judicializados constituyan el menor número posible sin menoscabo de los derecho y garantías judiciales de una u otra parte (entiéndase actor y demandado). La administración de justicia no puede, ni debe, depender del capricho de sus operadores.
De vuelta al tema del número de funcionarios elegibles, necesarios para implementar la reforma laboral, es importante hacer énfasis en dos cosas: la primera, que se trata de que el proceso de selección permita elegir al mayor número de funcionarios posible, para evitar la discrecionalidad en los nombramientos; la segunda, que será a la aptitud de los candidatos la que determine su inclusión en el respectivo juzgado y la posición dentro de él a ocupar. Así, los primeros jueces serán designados en forma directa dentro de los primeros cinco mejores lugares, pero los demás no, pues estos lo serán de entre los cinco primeros secretarios y así sucesivamente; ello, para garantizar experiencia y continuidad en el desempeño de la función y evitar la discrecionalidad —como queda dicho—.
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Luis Villegas Montes.
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