Contando los ataques contra los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungabarato, Guerrero, ocurridos este sábado, la cifra de presidentes municipales asesinados desde 2003 a la fecha es de 47, según el conteo realizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). El reporte, realizado con información pública, indica que la mayoría de los ataques han sido ejecutados por el crimen organizado. Destaca que los crímenes se intensificaron desde 2012. La ANAC reporta que del total, 40 de las víctimas eran alcaldes en funciones, 7 eran alcaldes electos, y considerando a otros 32 ex alcaldes, la cifra sube a 79. El recuento incluye a ediles de todos los partidos políticos. “Las investigaciones arrojan que la causa más común es la actuación del crimen organizado y casi todos los casos han sido muertes violentas o con el uso de armas de fuego”, detallo el titular de la organización, Enrique Vargas del Villar. Durante una entrevista telefónica, Vargas del Villar revelo que el ataque contra Domingo López González, edil de San Juan Chamula, es el primero que ocurre debido a un conflicto social, aunque esto no lo vuelve menos preocupante que otros crímenes perpetrados por grupos delictivos. Por otra parte, en el caso del presidente municipal de Pungabarato, su presidente municipal, Ambrosio Soto Duarte, había escrito un tuit al presidente Enrique Peña Nieto denunciando el asesinato de uno de sus primos. En su mensaje dijo que se requería urgentemente el apoyo del gobierno federal para combatir al crimen organizado en la región conocida como “Tierra Caliente”. Vargas del Villar exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atracción y asuma las investigaciones desde las primeras diligencias, puesto que hay evidencia clara de que los grupos criminales podrían ser los autores materiales del homicidio. Agregó que la ANAC ha elaborado un mapa de riesgo para el trabajo de alcaldes y presidentes municipales con base al número de homicidios que se han registrado en cada una de las 32 entidades federativas. Según esta clasificación, los estados de riesgo muy alto para los ediles son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entidades que están marcadas por la presencia del crimen organizado. Los estados que se consideran de riesgo alto son Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas. En riesgo de moderado a bajo, se encuentran los estados de Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.