Ciudad de México.- Con 22 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó este viernes el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento se avaló con la mayoría de los votos de Morena, PT y el PES, y el PAN, PRI, MC, PRD y PVEM votaron en contra. El dictamen será sometido a debate y votación en el salón de plenos de los 500 diputados el próximo martes 23, donde expondrán -se anticipó- cientos de “reservas” o propuestas de modificación al dictamen.

En medio de reclamos por diversas fallas técnicas en la transmisión de la sesión en el Canal del Congreso -mismas que la oposición calificó como una “mordaza” para impedir el debate-, y con la asistencia de solo 32 de los 40 integrantes de la Comisión, la discusión se extendió por más de cinco horas.

Ante las insistentes acusaciones de la oposición del PRI y el PAN, de que la reforma va en contra de las empresas privadas, de la libre competencia, que se privilegia a la CFE y que se incrementarán las tarifas de luz, el secretario de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, de Morena, sostuvo que “México debe recuperar la soberanía energética y nuestro país no debe depender de los vaivenes de los mercados de energía”.

“El desarrollo del país no puede subordinarse ante los intereses de quienes solo buscan beneficios financieros. Ahora resulta que la derecha del PAN y el PRI viene a rasgarse las vestiduras y a hablar de legalidad”, acusó.

Recordó que “no se puede olvidar que la alianza del PRI y el PAN impuso una reforma eléctrica, a través de sobornos a legisladores, que traicionó nuestra historia para entregar al sector privado el usufructo de las reservas petroleras que ya habían sido identificadas por Pemex”.

Además, “mantuvo un trato fiscal desigual, en el que las empresas privadas pueden deducir más costo de operación que los que se le permite deducir a Pemex, generando una ventaja artificial para el sector privado”, criticó.

Desde el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña les dijo que ésta no es una discusión técnica, es asunto de soberanía nacional y del futuro del país.

“Claro que vamos en sentido contrario” al de ustedes, porque “el gobierno va hoy a favor del pueblo”, no de la privatización. “Ustedes no privatizaron a su progenitora porque no pudieron”, les espetó.

Hernán Salinas, del PAN, calificó de “un circo” los foros del “parlamento abierto” y las sesiones de debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, porque no se tomó en cuenta “ni una sola” de las opiniones expresadas por los expertos en el sector energético ni de los legisladores.

El diputado del PRI, Enrique Ochoa, ex director de las CFE -y a quien la diputada María de los Ángeles Huerta, de Morena, acusó de beneficiar a empresas nacionales y extranjeras con varios contratos cuando fue funcionario público y de incurrir en diversos actos de corrupción-, criticó que los legisladores de Morena y sus aliados solo presentan “discursos llenos de retórica, sin análisis ni argumentos técnicos”.

Por ello, el legislador presentó un “voto particular”, apoyado por su partido, que contiene su posición en contra, y que incluye la opinión en sentido negativo que envió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a la Cámara de Diputados.

La diputada del PRD, Mónica Almeida, reprochó que “nuevamente el deseo del Presidente se hizo realidad en San Lázaro, ya que ni una coma se le modificó a su iniciativa para reformar la Industria Eléctrica, esto a pesar de las evidencias de su inviabilidad y por ende demostrando el sometimiento que existe en la Cámara Baja”.

Al presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, de Morena, resaltó que busca “reivindicar el origen de la Empresa Productiva del Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Explicó que “se garantiza el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad a la red”.

Detalló que “en los nuevos lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, se prevé que los certificados de energía limpia podrán ser objeto de compraventa por transacciones bilaterales; por lo tanto, al ser actos mercantiles son susceptibles de generar especulación comercial en el mercado”.

“La especulación comercial de los Certificados de Energías Limpias por escasez, han generado incrementos en el precio de la energía producida por energías limpias y, en consecuencia, ha generado un aumento en las tarifas eléctricas que afecta la economía de los usuarios finales”, expuso. (El Financiero)