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Pulso Industrial

Wednesday, 25 October 2017 00:00

FEPADE, democracia en riesgo

Written by  Eduardo Borunda
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Los acontecimientos del pasado viernes 20 de octubre marcan la pauta para abrir el debate en torno a la democracia mexicana. La destitución del fiscal especial para la atención de delitos electorales de dicha dependencia (FEPADE), pone en riego el proceso electoral, debilita el sistema electoral mexicano y manda un mensaje negativo y catastrófico a la sociedad en lo general: hubo un golpe de estado contra las instituciones electorales.

Hemos abordado desde muy diversos espacios el debate sobre la confianza ciudadana en la calidad democrática del país. La gran conclusión a la que hemos hecho mención es la falta de credibilidad de las instituciones y hasta de la misma sociedad en ella misma. La pregunta ahora es si ¿La destitución obedeció a un planteamiento deliberado para trasgredir el marco normativo electoral para favorecer a una persona o institución? Las dudas quedarán, pero ante la opinión fue un acto de provocación que debilita a todas las instituciones electorales y democráticas.

Los académicos nos hemos manifestado en contra de lo que parece un acto de abuso de autoridad. En primera instancia se menciona que se violentó el marco instrumental del ejercicio público por parte de su extitular, Santiago Nieto Castillo, sin embargo, la comunicación oficial ofende a la inteligencia al no dar argumentos sólidos en la toma de decisiones que claramente ponen en tela de juicio los hechos narrados.

La principal acusación en contra del extitular de la FEPADE, es que denuncio los actos de presión en contra de él, mismos que fueron presentados en una carta en la cual se exigía una disculpa pública y una exoneración del exfuncionario de PEMEX, Emilio Lozoya, el cual está supuestamente involucrado en un presunto desvío de recursos con la empresa Odebrecht hacia un partido político.

Lo grave del asunto es que estamos en un año electoral que acaba de arrancar, donde la naturaleza del proceso y de acuerdo al marco normativo hay una instancia que debe tomar cartas en el entramado del proceso y que, si existe algún delito que perseguir, se pueda, de acuerdo a derecho poder operar. Sin embargo, sin cabeza visible, los delitos electorales pueden no castigarse y quedar impunes.

Sobre la imputación de la que es objeto Nieto Castillo, podemos establecer que es absurda la solicitud de una disculpa pública y exoneración. En primero, porque no se ha completado la investigación, no se ha dictaminado sentencia alguna y segundo, porque la denuncia es sólo un medio para recabar evidencias, por lo tanto, Emilio Lozoya, se presume en estos momentos como inocente y no necesita una exculpación pública. Ninguna instancia lo ha declarado culpable.

De igual manera, la segunda exigencia, la “exoneración” esa sólo la puede dictar un juez competente ya que no está dentro de las facultades de la FEPADE, exculpar de delitos a ciudadano, funcionarios públicos o actores de los procesos electorales. Se argumenta que no hay una sentencia negativa en su contra.

Bajo esta relatoría de eventos, la sociedad civil en voz de líderes de opinión y de organismo político electorales manifestaron su desacuerdo con el planteamiento de la PGR en la destitución del Fiscal de la FEPADE. El pronunciamiento público se hizo desde diversas plataformas y redes sociales, manifiestos y cartas públicas en donde hay una coincidencia: se atacó uno de los pilares de la democracia mexicana.

Lo que sigue es la declaración del Senado de la República quienes habrán de sesionar el próximo martes y donde se espera se resuelva la incógnita legal, ya que el mismo Senado puede ratificar en su nombramiento al exfiscal a través de votación de la mayoría simple. La renegociación estará en las definiciones tanto políticas como partidistas. Los números le favorecen a Santiago Nieto, ya que cuenta con el pronunciamiento público de la mayoría de los partidos políticos y que en suma tendrían los senadores suficientes para tumbar dicha destitución.

En conclusión, el proceso electoral está iniciando y el proceso ya está judicializado. ¿Qué nos espera en las semanas y meses subsecuentes? Lo único que podemos exigir es que de acuerdo a la reglamentación existente se tomen las medidas correctas, sin enrarecer el ambiente preelectoral que deslegitimen a las autoridades electas en el 2018 y que sea el respeto a la ley la que determine la restitución de las autoridades electorales encargadas de dar transparencia al proceso electoral.

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