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Pulso Industrial

Tuesday, 30 October 2018 00:00

La negociación política del Presupuesto 2019

Written by  Luis Carlos Ugalde
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Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE.
El gobierno electo está inmerso en el diseño de la composición del proyecto de Presupuesto 2019. El gran desafío es reasignar montos y partidas para financiar las propuestas de López Obrador en materia de programas sociales y de obras de infraestructura sin incurrir en déficit, endeudamiento, nuevos impuestos o inflación. En la Secretaría de Hacienda (SHCP) afirman que el margen presupuestario –eso es, los fondos que se pueden liberar si se hace una reingeniería del gasto– ronda los 50 mil millones de pesos.

El Presidente electo ha dicho desde su campaña que se pueden ahorrar 500 mil millones de pesos del combate a la corrupción, programas de austeridad y las compras consolidadas.

Un gran problema de los presupuestos es su fuerza inercial. Cambiar la estructura del gasto –quitar de una bolsa para poner en otras– implica enormes conflictos políticos. Cada peso en el Presupuesto significa empleos, recipientes de programas sociales, proveedores de gobierno, aviadores, coyotes o gastos ineludibles que debes cumplir (servicio de la deuda, pensiones, seguridad social). Por lo tanto, la reingeniería del Presupuesto es uno de los mayores desafíos que enfrentará López Obrador en el muy corto plazo.

Los nuevos funcionarios del área hacendaria han dicho que buscan consolidar programas sociales para evitar duplicidades, reducir el intermediarismo y mejorar el impacto de la política social. Tienen razón. Pero cada programa social –aun sea de pocos millones de pesos– tiene personas de carne y hueso que viven de esos recursos. Algunos son líderes comunitarios que lucran con las necesidades sociales; otros son funcionarios que se embolsan el dinero, y otros son gente real con necesidades que vive de esos programas. Consolidar dichos programas podrá causar una enorme conflictividad política y social en diversas partes del país a fines de año.

El nuevo gobierno también ha dicho con razón que buscan eliminar los montos discrecionales del Ramo 23. Pero los gobiernos estatales y municipales se han vuelto adictos a los apoyos que da Hacienda para cerrar el año fiscal y pagar aguinaldos, sueldos y otros adeudos. Si Hacienda efectivamente corta esos apoyos –que han rondado los 35 o 40 mil millones de pesos en los últimos años–seguramente colocará en una situación de vulnerabilidad económica y política a muchos gobernadores.

La resistencia política que enfrentará el nuevo gobierno cuando anuncie los cambios en la composición del Presupuesto será enorme. López Obrador tiene una enorme legitimidad para enfrentar la protesta, pero muchos de los afectados serán electores y aliados políticos de Morena y eso puede complicar su procesamiento en la Cámara de Diputados. Si López Obrador cede a esas presiones, perderá una batalla decisiva para cambiar las inercias, los intereses y el clientelismo que rodea al Presupuesto en México.

Por su parte, la Cámara de Diputados debe diseñar nuevas reglas para procesar la negociación del Presupuesto. En los últimos 20 años se gestaron en México prácticas clientelares que corrompieron la lógica de la negociación –siendo la industria de los moches una de las facetas que más carcomieron la función de control del Congreso en relación a las finanzas públicas.

El nuevo gobierno tiene una ventaja frente a los tres últimos: cuenta con mayoría absoluta en Diputados y no requiere del apoyo de los otros para aprobar su propuesta. Como en los años de la hegemonía del PRI antes de 1997, eso implica el riesgo de que no haya negociación sino imposición, pero la ventaja es que el gobierno no debe “pagar” votos para lograr la aprobación de su proyecto de gasto. Ergo, se puede erradicar la práctica de la etiquetación y del cohecho.

Hoy se presenta el libro La Negociación Política del Presupuesto, 1997-2018, realizado por Integralia y con apoyo del Senado, que contiene una narración de las modalidades cómo se ha negociado el Presupuesto desde que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Se explica el surgimiento de los moches y la pérdida de vigor y capacidad del Congreso para dar seguimiento al ejercicio del gasto público. El Congreso es responsable –por omisión– del dispendio y de muchos actos de corrupción que se dieron alrededor de los fondos federales en las últimas dos décadas.

La nueva Legislatura tiene la oportunidad de recomponer el camino. La Negociación Política del Presupuesto contiene recomendaciones puntuales para mejorar las reglas del juego y hacer del Presupuesto un instrumento efectivo de política pública y de contención de la corrupción. Ojalá así sea.

Nota:

El estudio está disponible de forma gratuita en www.integralia.com.mx

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