El PRI cuenta hoy con 12 gobernadores, 14 senadores, 47 diputados federales, 550 presidentes municipales, un alcalde de la Ciudad de México y 184 diputados locales. Por sus números es una fuerza regional relevante, pero pronto puede ser historia. Es el partido con más gobernadores, pero en 2021 podría perder ocho que se compiten ese año. En 2022 podría perder Oaxaca e Hidalgo y después –en 2023– incluso el Estado de México y Coahuila.

Sería un gran ejercicio de democracia participativa que el 21 de marzo los mexicanos –después de un amplio proceso de deliberación pública– definieran qué tipo de política quieren para combatir la inseguridad: si el modelo de Guardia Nacional que ha propuesto López Obrador, o una vía alterna como profesionalizar las policías. Hacerlo así haría corresponsable a la población de una decisión con fuertes implicaciones y quizá detonaría mayor participación para apoyar al gobierno, a las policías y a las Fuerzas Armadas en la labor diaria de combatir el crimen organizado.

Júbilo de los seguidores de López Obrador, que ven la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco como mano firme frente a los oscuros intereses de la derecha, de la oligarquía y de Peña Nieto. Sensación de que la cuarta transformación ya empezó y que AMLO sí cumple. Convicción de que el pueblo habló y el líder obedeció.

El gobierno electo está inmerso en el diseño de la composición del proyecto de Presupuesto 2019. El gran desafío es reasignar montos y partidas para financiar las propuestas de López Obrador en materia de programas sociales y de obras de infraestructura sin incurrir en déficit, endeudamiento, nuevos impuestos o inflación. En la Secretaría de Hacienda (SHCP) afirman que el margen presupuestario –eso es, los fondos que se pueden liberar si se hace una reingeniería del gasto– ronda los 50 mil millones de pesos.