Desde la campaña presidencial de 2018, López Obrador ha desplegado un discurso contradictorio y falaz respecto al combate contra la corrupción de los ex presidentes de la República. Por una parte, asegura que sus antecesores —desde Salinas hasta Peña Nieto— fueron corruptos e inmorales, por decir lo menos. Por la otra, no está a favor de enjuiciarlos, lo suyo es el perdón y ver hacia adelante.

Una de las tretas del presidente López Obrador para evadir la crítica es señalar a quienes la hacen de ser “chayoteros” y descalificarlos porque, según él, nunca protestaron por los abusos del pasado. Hace dos semanas se refirió a los periodistas Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart, ambos columnistas de este diario, de quienes dijo “acompañaron al régimen corrupto, de injusticias, de privilegios que predominó hasta noviembre de 2018”.

Al presidente López Obrador no le interesa una reforma electoral, sino sólo reducir el dinero de los partidos políticos para destinarlo a programas sociales. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, ha dicho que es una prioridad. Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente interino del partido, mandó una carta a los demás dirigentes de los partidos para llamarlos a la “unidad”, ser sensibles al malestar ciudadano y destinar los ahorros para superar la pobreza y miseria de millones de mexicanos.

El presidente López Obrador desistió de la petición que hizo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para obtener los datos biométricos del padrón electoral a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). “No es prioritario”, dijo, y luego añadió con una sonrisa burlona: “Y como están muy sensibles los del INE, pues no hay que testerearlos”.