Todo funcionario público, se supone y comúnmente pregonan que están al servicio y protección de la sociedad. En esa dimensión los ciudadanos esperamos que la conducción de sus actividades y labores y las decisiones tomadas, sean libres de corrupción, de malos manejos, del indiscriminado uso y abuso del poder y que sean así mismo acciones o abstenciones basadas en la ética, la moral, con gobernanza y con respeto a las normas jurídicas.

Después del sorpresivo surgimiento del ya comentadísimo COVID-19, tornado ahora en una pandemia, el mundo vela a sus muertos y trata desesperadamente de salvar a los infectados. La mayoría de los países se encuentran en proceso de fortalecer un frente común de respuesta al virus y a la vez, están estableciendo políticas públicas, planes y programas de contención que den lugar a evitar la vulnerabilidad y las pandemias futuras.